En nuestro Estado, aproximadamente unos 15.000 miembros de la carrera judicial, gozan de lo que se llama el “aforamiento”, es decir,  en caso de que estos cometieren un hecho punible, el órgano competente para instruir su causa penal y para enjuiciarle será el que en cada caso establezca la Ley. Cuando se usa este término parece dar lugar a entender que resulta ser más bien un privilegio que tienen ellos, como si eso, así entendido de forma aislada, pareciere [...]